El Consejo Nacional Electoral puede ser muchas cosas, menos inocente.
El fraude no está en las máquinas o programas. En las cuentas y números.
La Constitución y las leyes correspondientes establecen los deberes y obligaciones del CNE y prohíben muy explícitamente el uso de los recursos del Estado para propiciar o favorecer una parcialidad política durante o antes de los procesos electorales. Entre otras cosas se establece el peculado de uso.
Todo el tiempo, medios de comunicación: televisoras, radiodifusoras, periódicos impresos o digitales, propiedad del Estado, son usados para propaganda política abierta o encubierta del partido que gobierna, sus dirigentes, organizaciones y proyecto. A ello lo acompaña la exclusión de sus programas de personajes o líderes que no compartan sus posiciones. Esto es lo que hemos llamado el fraude-lento.
El propio día de las elecciones ha sido común el uso de transportes públicos para el traslado de eventuales votantes y el uso por medios abiertos o sutiles de la intimidación o amenaza a los eventuales votantes de oposición.
El CNE tiene el deber de intervenir y sancionar e esos casos. No hacerlo es delito y complicidad.
Pero las cosas no se quedan allí. El ejemplo de las instituciones públicas se traduce en valores. En este caso legitima la triquiñuela, el derecho del más vivo y poderoso a violar las normas. Es dañina perversión: daños a largo plazo que, por cierto, vienen de antes, de tiempos y períodos anteriores a la cuarta república.
La reconstrucción del país, cada día más necesaria en el cuadro del desastre y derrumbe cotidiano, ha de ser, fundamentalmente ético. Es la construcción de una conciencia y valores que se exprese en profundización de la demás. Será la tarea de todos, incluyendo aquellos personajes del CNE se hacen la vista difusa y desconcentrada.
Hemos planteado a la par de otros que crecen en número, la necesidad de ir, luego del esperado triunfo electoral de los opositores, hacia una concertación, hacia unidad de todos, incluyendo sectores y personajes del actual gobierno, en una coalición, en un gobierno de coalición y en un integración y eventual cohesión de toda la nación en torno a esas necesarias acciones y programas de reconstrucción.
Aun cuando esa idea ha crecido en cuerpo y profundidad, el farrago electoral, las fidelidades juradas y los bienes y poderes tenidos más el temor a perderlos, hace que esa idea, que esta propuesta suene imposible. Y ciertamente, es difícil aceptarla y militar en ella. Pero es imprescindible.